HIDRÓGENO SE ESCRIBE CON H, DE HIPÓCRITA - Raúl Viñas

En 2024 se anunciaban por parte del gobierno varios proyectos de “hidrógeno verde y derivados” (1): HIF en Paysandú, Tambor en Tacuarembó, Kahiros en Río Negro y H24U en Durazno. Además, había reportes de otro en Rocha, de la empresa Alfanar.

Kahiros y H24U eran para la producción de hidrógeno y su uso directo en transporte pesado. Kahiros sigue en marcha, mientras que H24U —en el que participan las empresas Saceem y CIR, y que recibió del Fondo Sectorial del Hidrógeno Verde diez millones de dólares no reembolsables (2)— sigue siendo citado en prensa (3), pero no ha presentado ningún estudio y nada se sabe del destino del dinero de los uruguayos que se les obsequió.

En los otros proyectos de Paysandú y Tambores, el hidrógeno es solamente un insumo para sintetizar combustibles sintéticos y metanol. Ambos han presentado cifras de producción muy cambiantes en el tiempo. Así, por ejemplo, HIF pretendía en 2023 producir 180.000 toneladas anuales de combustibles; hoy anuncia que producirá 1.200.000 toneladas anuales de metanol, nafta, gas licuado y aceites pesados. Un incremento de producción de más del 600%, mientras que en su proyecto ha reducido el tamaño de la planta. Un verdadero milagro de la ingeniería.

La promesa de la “transición energética”

Los proyectos se anuncian —incluso por parte del gobierno— como una forma de descarbonizar la matriz energética. Sin embargo, los combustibles y el metanol serán exportados, por lo que la descarbonización no es real y la premisa es falsa (4).

Se habla del hidrógeno como una “segunda transición energética”, pero sería esta una sin aplicación en Uruguay, donde solo quedarían las consecuencias ambientales y productivas del proceso.

Impacto ambiental y uso de recursos

Se ha hablado y escrito mucho sobre los requerimientos de agua de estos proyectos —como siempre, un recurso entregado por el generoso pueblo oriental—, pero quizás lo más complejo, especialmente en el caso de HIF, es lo que denunciaba el Movus (5) sobre el uso de dióxido de carbono (CO₂):

“Solo el 12% del CO₂ provendrá de ALUR, mientras que el restante será generado mediante la quema de biomasa extraída de predios forestales y aserraderos. Este insumo será transportado en 110 camiones diarios y quemado en cuatro calderas, liberando CO₂ que, bajo otras circunstancias, no llegaría a la atmósfera. Ese mismo CO₂ será luego ‘capturado’ para ser utilizado en el proceso productivo de combustibles”.

Esto implica quemar restos forestales que de otra forma se reintegrarían al suelo sin liberar CO₂. ¿Carbono neutral?

Ineficiencia energética

Capítulo aparte son los requerimientos de electricidad para un proceso energéticamente ineficiente. Se utiliza mucha más energía eléctrica para producir los combustibles de la que finalmente se obtendría de su combustión, combustión que además libera más CO₂.

Para ello, estos proyectos plantean instalar generación solar y eólica equivalente al 60% de la potencia instalada de todo Uruguay. Sin embargo, las propias empresas reconocen que no será suficiente, por lo que deberán comprar energía a UTE.

Esto impide garantizar el origen “verde” del 100% de la electricidad. ¿Hidrógeno verde?

La dimensión económica

En relación con inversiones como Tambor y especialmente HIF, se vuelve a repetir el discurso de “la inversión más grande de la historia”, sin reconocer que gran parte de esa inversión no se realiza en Uruguay, sino en los países que producen los equipamientos.

La inversión local se limita a la obra civil y la instalación de equipos, menos del 15%, como ya se vio en las plantas de celulosa.

El rol del Estado

Nunca, por orden de HIF, se pudo conocer el memorando firmado entre la empresa y el gobierno el 24-2-2024, vigente hasta abril de 2026.

Posteriormente, se firmó otro acuerdo que deja en evidencia un nivel de cercanía entre el gobierno y la empresa difícil de justificar, comprometiéndose incluso a “exhortar” a empresas públicas como UTE y OSE para colaborar con el proyecto.

Esto resulta difícil de entender cuando el rol del gobierno debería ser asegurar que la empresa cumpla con todas las etapas previas a su instalación.

Todo el documento firmado recuerda a acuerdos similares realizados con UPM y Montes del Plata (7).