La Forma es la Reforma - Mercedes Vigil

Hace ya cuatro décadas, el filósofo francés Jean-François Revel advertía sobre la extraordinaria concentración de poder que acumulaba en sus manos el entonces presidente de Francia, Valéry Giscard d’Estaing.

Señalaba que un jefe de Estado contemporáneo disponía de poderes muy superiores a los que, en su tiempo, detentó Luis XIV, el denominado Rey Sol. La paradoja era evidente: el monarca absoluto, emblema del poder personal y centralizado, parecía menos omnipotente que el mandatario surgido de un sistema representativo.

Aquella observación no era una provocación retórica, sino una advertencia sobre la naturaleza expansiva del Estado moderno y sobre el riesgo de que estructuras concebidas para limitar el poder terminaran ampliándolo bajo nuevas formas. El absolutismo clásico era visible y, por ello mismo, identificable. El poder contemporáneo, en cambio, se despliega a través de entramados administrativos, regulaciones y organismos cuya complejidad lo vuelve menos perceptible, aunque no menos influyente en la vida cotidiana.

La democracia no fue pensada como un fin en sí mismo. Es un instrumento destinado a garantizar libertad, prosperidad y dignidad. Cuando deja de cumplir eficazmente esa función —cuando el aparato institucional crece mientras el bienestar ciudadano se estanca— la legitimidad comienza a erosionarse.

En diversas democracias occidentales se advierte hoy un fenómeno similar: la expansión del sistema político convive con una creciente distancia respecto de las necesidades reales de la sociedad. Las decisiones se procesan en marcos normativos cada vez más densos, donde incluso las iniciativas mejor orientadas encuentran obstáculos estructurales que dilatan o neutralizan sus efectos.

En Uruguay, el debate suele centrarse en las personas o en las alternancias partidarias. Sin embargo, el problema parece más profundo. Se trata de un diseño institucional concebido para realidades históricas distintas, que hoy condiciona la eficacia de las políticas públicas.

De allí surge una convicción: resulta necesario repensar las bases institucionales para adecuarlas a los desafíos actuales y renovar las bases de la República para restituirle a la democracia su sentido originario: el servicio al ciudadano.

“La Forma es la Reforma” resume la idea de que los contenidos de la política dependen, en gran medida, del marco institucional que los contiene. Sin ajustes en la forma, los cambios tienden a ser superficiales; con reglas actualizadas se amplían las posibilidades de transformación sustantiva.

La propuesta no concibe al ciudadano como espectador, sino como parte activa del proceso institucional. El fortalecimiento de una república requiere asumir que sus normas fundamentales deben ser revisadas.

Apoyar esta reforma significa ejercer plenamente la ciudadanía, participando en la definición de las reglas que ordenan nuestra vida institucional.

Reformar no supone desconocer la tradición republicana, sino preservarla en condiciones históricas nuevas.